Las meretrices niegan que fueran coaccionadas para trabajar en locales
J. G. ALBALAT
BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona se ha personado como acusación particular en dos investigaciones judiciales abiertas por la jueza Miriam de Rosa Palacios contra una red de blanqueo de fondos procedentes de la prostitución y por la presunta corrupción de un grupo de guardias urbanos. El primer asunto lo llevan los servicios jurídicos de consistorio, mientras que el segundo, que afecta a los policías locales, ha sido encargado al abogado barcelonés Rafael Entrena.
Los Mossos detuvieron en septiembre a 25 personas, entre ellas los empresarios que gestionan los clubs de alterne Night Beach y El Fuego, como presuntos integrantes de una red dedicada al blanqueo de dinero. A raíz de estas pesquisas, salió a relucir la implicación en la trama de un grupo de guardias urbanos. La jueza decidió abrir un proceso separado.
En el marco de la investigación principal sobre los prostíbulos, la jueza tomó declaración ayer como imputadas a siete prostitutas y encargadas de los clubs, denominadas «mamis». Las meretrices afirmaron desconocer si los clientes eran drogados para vaciarles las cuentas a través de sus tarjetas de crédito.
Las acusadas admitieron que ejercían la prostitución de forma libre y por su cuenta, no solo en los clubs investigados, y que nunca habían sido coaccionadas para hacerlo. Insistieron en que tampoco estaban obligadas a pagar comisiones al local por el dinero recaudado por sus servicios sexuales.
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